Mataron al jefe de seguridad. ¿Quién sigue? El narco avanza en Tulum

El asesinato del jefe de seguridad revela la disputa entre cárteles y la corrupción institucional en el paraíso turístico de Quintana Roo

El asesinato del capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad Pública de Tulum, marcó un antes y un después en la percepción de seguridad en uno de los destinos turísticos más codiciados del país. En medio de una guerra soterrada entre el Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la ejecución del funcionario dejó al descubierto no solo la pugna territorial, sino también las fracturas internas en las instituciones encargadas de garantizar el orden.

Una ejecución en el corazón del paraíso

La noche del 21 de marzo de 2025, en la colonia La Veleta, hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron al jefe de la policía y abrieron fuego. Bautista recibió al menos seis disparos y fue trasladado de emergencia a un hospital en Playa del Carmen, donde perdió la vida horas más tarde. Uno de los agresores cayó abatido durante el ataque. El hecho, condenado por el ayuntamiento y por el presidente municipal Diego Castañón, evidenció la escalada de violencia que azota a Tulum desde hace años.

Los cárteles no descansan, las instituciones sí

Diversos reportes y testimonios de fuentes locales señalan que la lucha por el control de Tulum involucra directamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG. Según versiones extraoficiales, Los Chapitos habrían logrado imponerse gracias al respaldo de un grupo local —Los Pelones— y al presunto apoyo de mandos dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aunque oficialmente no se ha confirmado esta colaboración, múltiples informes periodísticos y antecedentes dan cuenta de una constante: corrupción, impunidad y colusión. Elementos detenidos que afirmaban trabajar para “La Empresa” —eufemismo común para el Cártel de Sinaloa— eran liberados con armas, tras recibir “luz verde” de sus superiores, según denuncias recogidas por medios como The Yucatán Times e investigaciones de Insight Crime.

La sombra del silencio: testigos protegidos y mandos amenazados

Fuentes cercanas a corporaciones de seguridad señalan que varios elementos habrían solicitado entrar al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR), ante el temor fundado de represalias y la desprotección institucional. Aunque no existen cifras oficiales, el nivel de violencia y el precedente de asesinatos de mandos medios y altos hacen plausible esta migración al resguardo federal.

Una economía que se niega a caer… por ahora

Pese a este escenario alarmante, los indicadores económicos —al menos en la superficie— no reflejan una crisis inmediata. Tulum sigue recibiendo millones de turistas al año, el valor inmobiliario ha crecido más de un 15% en 2023 y se reportan retornos de inversión de entre el 8% y el 15% en desarrollos turísticos y residenciales. Esto, impulsado en parte por megaproyectos federales como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Sin embargo, expertos advierten que esta bonanza podría estar sentada sobre una bomba de tiempo. La percepción de inseguridad, alimentada por episodios como el asesinato de turistas en años recientes, las constantes alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros y la violencia visible en las calles, amenaza con erosionar la confianza de inversionistas y visitantes internacionales.

¿Por qué en Tulum sí, y en otros estados no?

La pregunta flota en el aire: mientras el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, insiste en el combate frontal al Cártel de Sinaloa, en Quintana Roo las acciones parecen apuntar en dirección contraria. ¿Por qué?

Analistas y periodistas locales señalan que la respuesta puede estar en la estructura de intereses que se ha tejido entre mandos corruptos y actores criminales. Quintana Roo, por su posición estratégica, no solo es un punto de tránsito de drogas, sino también una plataforma para lavado de dinero a través del turismo, los bienes raíces y el entretenimiento nocturno. En este contexto, cualquier esfuerzo real por desmantelar estructuras del crimen organizado choca contra muros invisibles, pero sólidos.

La normalización de lo anormal

El caso de Tulum no es aislado. Se inscribe en un patrón preocupante que combina impunidad, silencio institucional y una peligrosa tolerancia social. Que un jefe policial sea ejecutado sin consecuencias claras ni reacciones contundentes del estado, es un síntoma del deterioro del Estado de derecho en ciertas regiones del país.

Mientras tanto, el ciudadano común —residente o visitante— camina entre playas, ruinas y selvas sin saber si está presenciando el esplendor turístico… o la fachada de un paraíso tomado por intereses oscuros.

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